El país está por iniciar un nuevo proceso electoral, con miras a los comicios del 2023, con una ley que restringe el derecho de los sujetos políticos a promocionarse libremente.
El Código de la Democracia fomenta una directa intervención estatal en la campaña política, con un control que no debería existir porque coarta el derecho de los candidatos a empujar sus candidaturas.
La ley confiere al Consejo Nacional Electoral la aprobación de los mensajes políticos pagados que se hagan a través de los medios de comunicación. Si el funcionario encargado de aprobarlo considera que el anuncio no debería publicarse, puede negar la autorización.
“La censura debe desterrarse, no solamente de la ley electoral, sino también de otras normas”.
Esta forma de censura debe desterrarse, no solamente de la ley electoral, sino también de otras normas que, en determinadas circunstancias, salen a relucir para callar voces.
Además, en las elecciones pasadas, los candidatos a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron impedidos de hacer campaña por los medios. Si son candidatos, es lógico que necesitan promocionar sus figuras y sus propuestas.
Es tarde para que se formulen reformas a la ley para el próximo proceso, pero los asambleístas deberían plantear una revisión, con miras a dar más libertad a los candidatos de promocionarse.
Editorial de El Diario publicado este domingo 23 de enero del 2022 en nuestra edición impresa.
