Los deplorables sucesos de octubre del año pasado no pueden ni deben repetirse por el bienestar y la unidad del país.
Durante once días, del 3 al 13 de octubre del 2019, lo que inició como una movilización de protesta contra el incremento de precios del diésel y la gasolina, derivó en desmanes y un largo episodio de enfrentamientos internos que dejaron destrucción y pérdidas incalculables para el país.
El oportunismo, el cálculo y las rencillas políticas salieron a relucir y, a pretexto del derecho a la protesta, se vulneraron otros como los de la libre circulación y el trabajo. La delincuencia se aprovechó del caos para saquear y destruir locales e instituciones, a vista y paciencia de la población.
Se estima que el perjuicio fue de más de 821 millones de dólares, la mayor parte debido a la paralización de la producción.
Un año después, tampoco hay acuerdo, ni siquiera entre instituciones del Estado, sobre la cifra de muertos pues, mientras el Gobierno asegura que fueron seis, la Defensoría del Pueblo afirma que fueron ocho.
Con el pretexto de la crisis económica y el proceso electoral, hay quienes proponen repetir las movilizaciones del año pasado. Nada más desacertado en tiempos en que el país necesita levantarse e impulsar su economía, deteriorada por la pandemia.
