Es inaceptable que en un país que aspira al desarrollo, la salud de los ciudadanos esté sujeta a apagones de electricidad.
La falta de generadores en los centros de salud, o la incapacidad para repararlos por limitaciones presupuestarias, revela descuido administrativo y desinterés por los derechos fundamentales de las personas.
Es inhumano que a ciudadanos que acuden a hospitales públicos a buscar la atención que no reciben en los centros de salud. Que los rechacen porque sus dolencias no son de emergencia.
“Todos los centros de salud deben tener sistemas de respaldo energético”.
En la mayoría de los casos, los ciudadanos afectados no tienen acceso a servicios privados y dependen exclusivamente del sistema público de salud. Negarles atención porque un local no cuenta con energía eléctrica funcional atenta contra su derecho a la salud.
Las autoridades deben priorizar la solución de estos problemas. Es imperativo que todos los centros de salud cuenten con sistemas de respaldo energético en óptimas condiciones.
Pero, también, es preciso que se tracen planes de mantenimiento que garanticen su operatividad en casos como el actual.
La salud no puede esperar. El Estado debe asumir su responsabilidad y actuar de manera inmediata para asegurar un servicio digno y eficiente.
No se puede interrumpir la atención por apagones.
Editorial de El Diario: Publicado el 16 de noviembre del 2024 en nuestra edición impresa.
