La renuncia de candidatos a utilizar los fondos que asigna el Consejo Nacional Electoral para la campaña política, no es una práctica justa, porque priva a los ciudadanos de conocer las propuestas de ese aspirante en vallas y medios de comunicación.
Los electores tienen el derecho a conocer qué proponen los aspirantes a los cargos de elección popular y la publicidad es una de las formas. La radio, la televisión, los periódicos y los medios digitales ofrecen la posibilidad de que el mensaje llegue a mayor número de personas.
En realidad, el mecanismo por el que se maneja el fondo de promoción electoral no es el adecuado. El Código de la Democracia dispone que la publicidad se maneje a través de la pauta que ordena el CNE, y que alguien renuncie a ella para promocionar su plan de gobierno es un contrasentido, si bien no está prohibido.
Las redes sociales son importantes, lo mismo que las caravanas y los mitines; pero los espacios oficiales en los medios también son un recurso de promoción que debe aprovecharse.
Desde esta columna se ha defendido la necesidad de que se reforme el Código de la Democracia porque no solo que se limita la promoción, sino que la condiciona, con lo que se vulneran principios como la libertad de expresión.
El país entra oficialmente en campaña electoral. Es de esperar que los errores que se presenten sirvan como base para una reforma más efectiva.
