El proyecto de ley que propone un impuesto del 5 % a la compraventa de vehículos usados en Ecuador se presenta como una medida para combatir el lavado de dinero, según el discurso oficial.
Sin embargo, se trata de un impuesto que afectará principalmente a los ecuatorianos de ingresos medios y bajos. Este sector que opta por automotores de segunda mano como una opción económica y accesible.
Este tributo no resolverá el problema del lavado de activos ni otros delitos. Las redes de lavado operan en esquemas más complejos, que no dependen de la compra de vehículos usados.
Se ha sostenido, en más de una ocasión, desde esta columna, que en lugar de cargar más impuestos a los ciudadanos, el gobierno debería concentrarse en mejorar la eficiencia del gasto público.
También en desarrollar mecanismos de control que realmente ataquen las estructuras del crimen organizado.
“La Asamblea Nacional debe rechazar esta iniciativa”.
La Asamblea Nacional debe rechazar esta iniciativa y enfocar los esfuerzos en políticas que mejoren la fiscalización y la transparencia.
Precautelando no incrementar la carga sobre los ecuatorianos, ya afectados por una crisis económica de características recesivas, agravada por la inseguridad y los apagones.
Gravar bienes que para buena parte de la población son muy útiles, como un vehículo usado, no es el camino para mejorar la seguridad en el país.
No al impuesto a los vehículos usados.
Editorial de El Diario: Publicado el 12 de noviembre del 2024 en nuestra edición impresa.
