Las amenazas de paralizaciones se han hecho frecuentes, como medida de presión para conseguir beneficios o para exigir atención; sin embargo, suelen vulnerar los derechos de las mayorías de ciudadanos y, en esos casos, deben ser rechazados.
Los derechos a la huelga, a la resistencia, a la reclamar contra las injusticias o a demandar la atención de las autoridades a los problemas de los individuos y la colectividad son innegables; es más, deben respetarse y promoverse.
Sin embargo, cabe recordar la frase del filósofo francés Jean Paul Sartre: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás”.
“En ocasiones derivan en vandalismo o destrucción de bienes públicos”.
El bloqueo de vías, la suspensión de servicios públicos y las manifestaciones en las que se obliga a las personas a cerrar sus negocios para “unirse” a protestas son acciones ilegales, prescritas por la Constitución y las leyes, pues soslayan los derechos de personas que, por lo general, no tienen nada que ver con lo que se reclama.
Es más, en muchas ocasiones derivan en vandalismo, destrucción de bienes públicos y otras formas de conducta delictiva.
Y, si hay vulneración de derechos o prácticas reñidas con la legalidad, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deberían tomar conocimiento, al menos para decantar los derechos de las personas de los expresiones de abuso y anarquía.
Editorial de El Diario publicado este viernes 17 de septiembre del 2021 en nuestra edición impresa.
