Tanto la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública como las reformas que propone el Ejecutivo a otras normas, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal, requieren un trato urgente por parte de la Asamblea Nacional.
Ecuador enfrenta preocupantes problemas con la seguridad y la justicia. Los asaltos, asesinatos y agresiones se registran todos los días. Ni siquiera los internos de las cárceles se salvan de la ola de violencia.
La fuerza pública requiere respaldo jurídico para actuar, pues han existido casos en que los uniformados son condenados a prisión por cumplir su trabajo, aunque hay otros en los que se ha probado abuso.
“No se trata de garantizar los excesos, sino de enfrentar la creciente inseguridad”.
Así mismo, se ha planteado la necesidad de mejorar el sistema de justicia, factor indispensable para afianzar la seguridad. Las leyes y los procedimientos actuales impiden, en ocasiones, que los jueces actúen con pleno rigor, a tal punto que delincuentes capturados en flagrancia son liberados por falta de denuncia, cuando los fiscales tienen la facultad de actuar de oficio.
De la Asamblea Nacional se espera un pronto y concienzudo tratamiento de las normas que se propongan en aras de la seguridad. No se trata de garantizar los excesos, sino de enfrentar la creciente inseguridad.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 26 de enero del 2022 en nuestra edición impresa.
