El Contralor y el Defensor del Pueblo no pueden continuar en sus cargos. Su situación es insostenible.
Está en crisis la Función de Transparencia y Control Social conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las superintendencias. Los titulares de dos de las cuatro instancias están detenidos por casos de abuso sexual y corrupción.
Hoy, no es posible que los titulares de las entidades de la Función se reúnan y reorganicen la instancia de coordinación contemplada en la Constitución y que les dispone elegir entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función.
“Está limitado el combate a la corrupción y la tutela de derechos ciudadanos”.
Si bien, será la justicia la que determine si ambos son inocentes o culpables de lo que se los acusa, sus delicadas funciones y altas representaciones requieren una actuación personal y directa.
Despachar o intentar hacerlo desde un centro carcelario, se constituye en una mancha para la institucionalidad y las funciones que desempeñan.
Es claro que desde un recinto penitenciario no pueden resolver con probidad, independencia y la concentración que se requiere a la hora de tutelar derechos de ciudadanos o combatir la corrupción, sólo por citar dos aspectos.
Además de lo operativo y funcional, hay una crisis ética y de probidad que debe ser resuelta lo antes posible con una fórmula legal y constitucional.
Editorial de El Diario publicado este sábado 26 de junio del 2021 en nuestra edición impresa.
