Era previsible que la Corte Constitucional rechazara la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aprobó la Asamblea Nacional en su período anterior, y en la que se aprobó la subida de sueldos a los maestros.

Tal incremento se decidió sin que el Estado tuviera el financiamiento necesario y, en las condiciones actuales, se ve inviable.

La Corte Constitucional hace bien en advertir al país del mal proceder de la anterior Asamblea Nacional, que creó expectativas en el sector de la educación en torno a una ley que aumentaba la inversión estatal pero no establecía el sustento económico.

“El aumento de sueldos se vuelve insostenible porque se lo creó sin financiamiento”.

Así, es correcto que la normativa regrese a la Asamblea para que, junto con el Ejecutivo, se encuentre la forma de financiamiento. Dicho sea de paso, la aspiración del magisterio de tener una mejor remuneración es por demás justa, pero se convierte en una carga al no existir el dinero suficiente para atenderla.

Lo que hizo la Asamblea en su período anterior responde a un puro fin partidista. El país debería tener una norma que obligue, de alguna forma, a pagar, aunque fuera con señalamientos, a quienes incurren en acciones como esta, negligentes o malintencionadas.

Editorial de El Diario publicado este sábado 14 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.