Es responsabilidad de las autoridades del Estado ejercer las acciones de repetición, con el fin de recuperar los fondos que se perdieron en manos de redes de corrupción o por la negligencia de los funcionarios.
En los últimos meses se han hecho públicos varios casos en los que funcionarios, incluso servidores de alta jerarquía, han sido encausados por actos de corrupción; en otros casos, solo se ha hecho la denuncia.
La corrupción representa un costo para el Estado y para los ciudadanos. Cuando existe dolo en el manejo de los fondos de entidades públicas, se mal utiliza el dinero que proviene de las contribuciones de los ciudadanos, pero también es plata que bien podría destinarse a servir de mejor forma a las personas.
Lo mismo ocurre cuando hay negligencia en la utilización del dinero.
La recuperación de esos recursos debe ser una condición para quienes tienen la obligación legal de velar por el adecuado uso de los fondos públicos. No debe ser entendida como un derecho, sino como un deber, y quienes no lo hagan también deberían responder por su falta de acción.
El país no puede seguir perdiendo dinero, mucho menos ahora, en medio de una crisis global, y cerrar los ojos ante el descaro y la negligencia.
