El Ejecutivo ha declarado un nuevo estado de excepción, esta vez en parte de la provincia de Guayas, con la intención de controlar la creciente ola de violencia que va tomando matices de crueldad.
Esta medida se suma a una serie de disposiciones similares que se han emitido en este gobierno y los anteriores; lo cuestionable son los pocos resultados que han obtenido, incluso cuando la declaratoria ha involucrado a las cárceles.
Los controles de armas, las revisiones de documentos y el temporal incremento de la vigilancia no sirven de mucho si no hay una intención verdadera de enfrentar la criminalidad, no solo con acciones sino con recursos, leyes más contundentes y medidas integrales.
“Hay que enfrentar la inseguridad, con recursos, leyes y medidas integrales”.
Al interior de las cárceles, a pesar de todas las declaraciones de estado de excepción, las matanzas demuestran que ni siquiera es posible controlar en esos recintos que, se supone, deben estar vigilados y bajo fuertes restricciones, al contrario que las calles, donde existe libertad de circulación.
Es tiempo de que la inseguridad se analice desde una óptica multidisciplinaria, pues el tratamiento de este problema que evidencia la descomposición social requiere más que leyes y coerción.
El Gobierno, sobre quien recae la responsabilidad de la seguridad ciudadana, es el llamado a trazar la ruta.
Editorial de El Diario publicado este martes 16 de agosto del 2022 en nuestra edición impresa.
