El país necesita una actualización del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que determine sanciones más ejemplarizadoras contra los cada vez más frecuentes delitos informáticos.
La recurrencia de delitos informáticos se ha visibilizado con casos como los de CNT, el Consejo de Comunicación y la Agencia Nacional de Tránsito, así como la publicación de datos de millones de ciudadanos en una web pública, pero afecta cada año a cientos de empresas ecuatorianas.
Según una investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor incidencia de este tipo de delitos. La mayoría de los afectados son usuarios particulares.
“Muchos de estos delitos se cometen desde fuera del país”.
El fraude, la apropiación ilícita de fondos, el robo de datos privados, el hackeo, la usurpación de dominios son, entre otras, formas de un tipo de delincuencia que se esconde tras teclados, pantallas y códigos binarios.
La mayor complicación en estos casos es que muchos de estos delitos se cometen desde fuera del país, aunque perjudican intereses ecuatorianos.
Frente a ello, el Estado debería buscar mecanismos de protección, e incluso adherirse a tratados internacionales que garantizan procedimientos transfronterizos.
Los delitos informáticos deben ser sancionados con más rigor. Hay que pensar en reformar las leyes.
Editorial de El Diario publicado este domingo 15 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
