El Gobierno no puede comprometer y asegurar impunidad a daños materiales, secuestros, actos terroristas y más violaciones a la Ley como lo piden los dirigentes indígenas y protestantes.
La investigación de los hechos y la aplicación de las sanciones que contempla la Ley son responsabilidad de la Fiscalía y la Justicia, respectivamente.
Si el Gobierno ofrece que no se sancionará a alguien significaría comprometerse con algo que no podrá cumplir por no ser su competencia o que el Ejecutivo se inmiscuya en responsabilidades de otras funciones del Estado.
Además, si lo hace, enviaría un pésimo mensaje al país. No se puede violar tantas leyes y luego no tener un castigo.
“Debe respetar el accionar de fiscalía y jueces”.
Persecución a quien piensa diferente como en la época del correísmo no puede haber, pero tampoco se debe aceptar la impunidad. Se requiere investigaciones serias y juicios justos con derecho a la defensa.
En resumen, el Gobierno debe hacer esfuerzos económicos y políticos para atender la deuda social con los indígenas y grupos sociales más afectados por la crisis sanitaria, el olvido histórico de los gobiernos del pasado y la inacción y omisión del actual gobierno, pero no ofrecer impunidad.
Lo que debe asegurar es justicia. Justicia en todos los campos.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 29 de junio del 2022 en nuestra edición impresa.
