Como parte de las políticas de modernización de los servicios que brinda el Estado, debería impulsarse la aplicación de simplificación de trámites.
Y debe impulsarse la aplicación de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, que está vigente desde hace cuatro años.
Existen disposiciones que no se cumplen a cabalidad para la simplificación de trámites.
Por ejemplo, en muchas entidades públicas todavía se exige la entrega de documentos, como la cédula de identidad y el certificado de votación, en original y en copia.
Se piden esos documentos para atender algún pedido de los ciudadanos, cuando los registros de tales documentos se pueden obtener en entidades estatales.
“Los pasos innecesarios demandan más burocracia y, por tanto, gastos”.
Principios como la interoperabilidad, la presunción de veracidad, la simplicidad y la no duplicidad no siempre se cumplen.
Con eso se complica a los ciudadanos el acceso a determinados servicios públicos, además que generan pasos adicionales que demandan más burocracia y gastos.
Las entidades estatales deben analizar todos los procesos y depurar trámites innecesarios que se mantienen para conservar puestos de trabajo que bien podrían asignarse a otras funciones para volver más ágil la atención a los ciudadanos.
La Ley dispone una mejora continua en la gestión de trámites, basada en el análisis de la eficiencia y las oportunidades de cambio.
Editorial de El Diario publicado este jueves 29 de diciembre del 2022 en nuestra edición impresa.
