A nueve meses de que venza el período para el que fue electa Diana Salazar como fiscal general del Estado, todavía no se conocen los detalles del concurso para designar a su sucesor, pero su designación debe ser transparente.
Las leyes impiden que Salazar vuelva a candidatizarse para el cargo.
Hasta ahora, lo único cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no se ha puesto de acuerdo en casi nada, y esto ha impedido que se apruebe un reglamento para encaminar el proceso de designación del nuevo representante del ministerio público.
Después tienen que establecer un cronograma, conformar una veeduría ciudadana y una comisión de selección, antes de lanzar el concurso.
Salazar ha mostrado idoneidad en el cargo, a tal punto que en su gestión se han puesto en evidencia sonados casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos de todos los niveles, incluidos exmandatarios, profesionales y empresarios privados.
“El nuevo fiscal debe demostrar probidad y solvencia moral”.
El escogitamiento del nuevo fiscal general demanda un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía conozca cómo se encamina el proceso.
Así tiene que ser porque el nuevo funcionario tiene que reunir las condiciones de probidad y solvencia moral que demanda tan alto cargo.
De lo contrario, el país puede perder el espacio ganado en la lucha contra la corrupción.
Editorial de El Diario: Publicado el martes 20 de agosto del 2024 en nuestra edición impresa.
