Es urgente que la Asamblea Nacional revise y delimite las acciones de sus miembros, para evitar que en el futuro se repitan hechos como los que han puesto en duda la idoneidad de más de sesenta legisladores en el actual período.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se analizan en la Comisión de Justicia, deben prever la evaluación de las acciones de los asambleístas pero, además, los procedimientos para que los miembros a los que se les compruebe acciones reñidas con las funciones para las que fueron electos sean sancionados.
Eso sí, las sanciones deben darse luego de un proceso justo, pues no basta con la denuncia sino que es necesaria la investigación.
A pocos meses de terminar el tiempo para el que fueron escogidos, si no hay celeridad en la revisión de las denuncias, es posible que muchos de los actos reñidos con las normas queden sin investigación y, mucho menos, sanción.
Si la Asamblea quiere recuperar su prestigio, debe establecer procesos de autodepuración que incluyan una inmediata investigación de los hechos.
