En la situación en que se encuentra el país, es necesario el endeudamiento con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional u otro que permita obtener recursos para enfrentar la pandemia y la crisis económica, pero esto debe ir de la mano con una reducción de gastos en el ámbito estatal.
El reciente acuerdo con el FMI, por 6.500 millones de dólares, es ventajoso porque fue otorgado a una tasa inferior al 3 por ciento, cuando antes el país se endeudaba a intereses superiores al 10 por ciento anual, y con cuatro años de gracia.
Visto así, es saludable que esa inyección de dinero ingrese al país para que el Gobierno pague deudas, entregue bonos a los más afectados por la crisis surgida a raíz de la pandemia, fortalezca el sistema sanitario, entre otros usos.
Pero hace falta, en cambio, saber en cuánto se va a reducir el gasto del Gobierno. Por ejemplo, el sector privado debió reducir sus nóminas y otros gastos en alrededor del 30 por ciento, pero en el Estado la disminución es inferior al 10 por ciento.
El Gobierno todavía no ha anunciado con claridad cuál es su aporte para enfrentar la crisis.
Sería lamentable que este monto importante de dinero se diluya por la falta de un programa de reducción de gastos y que, a la vuelta de unos años, el país tenga que volver a endeudarse por falta de planificación.
