La aprobación reciente, por parte de la Asamblea Nacional, del proyecto conocido como Ley del Empleo Joven, pone de manifiesto una preocupante desconexión con la realidad de las empresas de Ecuador.
Esta norma obligaría a las empresas a contratar al 10 % de su personal de entre las personas de 19 y 29 años. Aunque fomentar el empleo juvenil es loable, las consecuencias podrían ser contraproducentes.
Estas imposiciones -como las que también señalan la Ley Violeta y la Ley de Discapacidades- ignoran las necesidades específicas de las empresas, limitando su autonomía y competitividad.
En muchos casos, los empresarios podrían verse obligados a despedir a empleados experimentados para cumplir con los cupos.
Además, capacitar a trabajadores que no cumplen con los perfiles necesarios implica costos adicionales que afectan la productividad.
Los políticos están metiendo las manos a las empresas cuando dicen a quién se tiene que contratar. Ecuador necesita un entorno normativo que facilite la generación de empleo.
Los legisladores deben crear incentivos, simplificar trámites y ofrecer seguridad jurídica para que las empresas crezcan y generen oportunidades.
Las restricciones no son la solución; permitir que las empresas prosperen libremente es clave para un desarrollo sostenible.
Editorial de El Diario: Publicado el 26 de diciembre del 2024 en nuestra edición impresa.
