La información pública o relacionada a las instituciones pública debe estar siempre a la mano de la ciudadanía.
Todas las instituciones públicas o privadas que reciban asignaciones de fondos públicos debe transparentar la información.
Especialmente cuando dicha información pública se trate sobre el manejo de tales recursos.
Así lo disponen la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La única excepción se da cuando la información tiene cláusulas de reserva justificada por la ley, como ocurre, por ejemplo, con los planes de seguridad.
Lamentablemente, estas disposiciones parecen no estar bajo el conocimiento de ciertos funcionarios que niegan el acceso a la información.
“La transparencia debe ser una política de los gobiernos”.
Una forma de hacerlo es establecer cercos burocráticos que impiden que los ciudadanos lleguen a ellos.
Otra manera es dejando de publicar en las páginas web institucionales los datos mínimos que la ley exige para que estén disponibles.
La transparencia debe ser una política de los gobiernos porque sirve para fortalecer la democracia.
Una ciudadanía informada de los aspectos públicos tiene más elementos de criterio para opinar y tomar decisiones.
Además, los ciudadanos tienen el derecho a conocer en qué se utiliza el dinero que proviene de los impuestos que todos pagan.
Por ello, es necesario que desde el Gobierno se evalúe y exija el cumplimiento de la norma y que la información sea pública.
Editorial de El Diario publicado el domingo 4 de agosto del 2024 en nuestra edición impresa.
