La reciente solicitud de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad ha levantado preocupación y generado debate.
La sanción, aplicada por el Ministerio de Trabajo, establece una suspensión de 150 días sin sueldo. Una decisión que sectores políticos y ciudadanos consideran cargada de intencionalidad política.
La Corte Constitucional tiene ahora la responsabilidad de emitir un dictamen, que debería ser inmediato y no demorar los tiempos legales.
La suspensión de la vicepresidenta ocurre en un momento en que el presidente Daniel Noboa se alista para su campaña electoral. Pero también su salida temporal tiene que dar paso al encargo de la presidencia.
“Este caso requiere celeridad y una postura clara de la Corte Constitucional”.
Bajo estas circunstancias, la suspensión podría interpretarse como una maniobra para impedir que Abad ejerza ese rol.
Este caso requiere celeridad y una postura clara de la Corte, porque cualquier retraso en su pronunciamiento podría invalidar el sentido de la decisión.
La Constitución debe prevalecer sobre cualquier influencia política, y solo un análisis jurídico sólido y oportuno de la Corte Constitucional garantizará la estabilidad institucional y la transparencia que demanda la ciudadanía.
La confianza en las instituciones y en el respeto de los principios democráticos están en juego.
Editorial de El Diario: Publicado el 15 de noviembre del 2024 en nuestra edición impresa.
