Todo producto o servicio, ya sea público o privado, debe reflejar el costo real de producción y, en base a él, establecerse un precio y, en el caso de que sea privado, un margen de utilidad, como lo es la energía.
Con la electricidad no ocurre igual. Ahora, cuando se discute sobre las tarifas, especialmente de los grandes consumidores, que cancelan menos porque no pagan algunos valores y costos de transmisión eléctrica.
Es necesario que se sinceren los precios para establecer parámetros más justos. Por una parte, es preciso que se deje de cargar a los usuarios valores adicionales.
“No se puede poner una tarifa más alta a quien consume mayor cantidad de kilovatios”.
Por ejemplo, alumbrado público, recolección de basura y otros, y menos que se calcule su monto por la cantidad de energía que se consume.
Una persona que utiliza más electricidad no recibe más alumbrado público ni le recogen más la basura que otra que paga un monto mínimo.
Por otra, no se puede castigar a quien consume más kilovatios cobrándole una tarifa más alta.
Los precios deben regirse por los costos de producción y no por ciertos rangos que castigan el consumo. Hay que hacer que el servicio sea sostenible en el tiempo.
Además, se tiene que exigir eficiencia de las comercializadoras para disminuir las llamadas pérdidas negras de energía que son un perjuicio para el Estado y para los consumidores que sí cumplen con sus pagos.
Editorial de El Diario: Publicado el 19 de octubre del 2024 en nuestra edición impresa.
