Se ha vuelto frecuente que autoridades y funcionarios nieguen a periodistas y otros ciudadanos el derecho a conocer la información pública que requieren.
Aluden a disposiciones superiores y prohibiciones.
En no pocos casos, postergan las respuestas con el argumento de que tienen que solicitar autorización de funcionarios de mayor jerarquía en otras provincias.
Esta recurrente práctica es un abuso contra la libertad de expresión y contra el derecho a acceder libremente a la información. Entran las generadas en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos públicos.
“Hay que respetar el principio legal de que la información pública es propiedad de la ciudadanía”.
La información pública es propiedad de la ciudadanía. El Estado y las instituciones son sus administradores y están obligados a garantizar su acceso.
Así lo señala la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El mismo cuerpo legal determina el principio de publicidad y apertura para quienes ejerzan la función pública.
Al centralizar o negar la información, los funcionarios están violando la ley y negando a los ciudadanos el derecho a conocer las acciones del ámbito público.
Solamente se puede negar el acceso a información confidencial, relacionada con la seguridad nacional, principalmente.
Editorial de El Diario: Publicado el 11 de octubre del 2024 en nuestra edición impresa.
