La aprobación de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza era necesaria y es oportuna, pues da a la Policía las garantías para cumplir su trabajo en el ámbito de la represión a la delincuencia.

Lamentablemente, han existido episodios recientes en la Justicia ecuatoriana en los que miembros policiales han sido sentenciados por actuar en defensa de los ciudadanos.

En la mayoría de los casos, se los acusa de hacer un uso desmedido de la fuerza y de atentar contra los derechos de supuestos delincuentes.

Hay que recordar que todas las personas gozan de los mismos derechos elementales; sin embargo, el Estado tiene la obligación de proteger la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos.

“El Estado tiene la obligación de proteger la vida, la seguridad y los bienes”.

Por lo tanto, a través de las autoridades y la fuerza pública, debe actuar con firmeza frente a quienes atenten contra tales preceptos.

Al fragor de los sucesos, la Policía también puede llegar a cometer errores. En otros casos, no hay error sino afán de defender a la ciudadanía, pero la ley no siempre ampara a los agentes del orden.

Lógicamente, esto no significa que haya carta abierta para cometer abusos. De haberlos, se tiene que castigar. Pero las autoridades deben aprender a distinguir la línea que divide una acción oportuna de un exceso.

Editorial de El Diario publicado este viernes 10 de junio del 2022 en nuestra edición impresa.