A quienes tenemos más de 30 años nos enseñaron nuestros maestros que el Ecuador era gobernado por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Así de claro. Y, sinceramente, así debería seguir siendo. No porque uno quiera vivir en el pasado, sino porque complicarlo todo solo nos ha traído más líos y desconfianza.
Desde que se creó la Constitución del 2008, escrita en Montecristi con bombos, platillos y discursos largos, se inventaron dos poderes nuevos: el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La idea, en el papel, era buena. Pero en la práctica, se volvieron más bien un estorbo. El CPCCS, por ejemplo, ha sido una especie de Asamblea paralela, con peleas, cuotas políticas, y hasta venganzas. Su utilidad es tan dudosa, que muchos ya ni saben para qué sirve realmente.
Lo del Consejo Electoral también necesita una revisada. No basta con cambiar unos nombres o pasar de un sistema a otro; hay que hacer una reforma seria del Código de la Democracia. Porque mientras no se corrijan los vicios de fondo, cualquier elección seguirá dejando sabor a trampa.
Ni se diga de la justicia, cuestionada y acusada de corrupción, a tal punto que los otros poderes han puesto los ojos en ella.
Y la bronca permanente entre Ejecutivo y Legislativo que, a veces, no se complementan sino que compiten para ver cuál tiene más poder, desconociéndose mutuamente y dejando a la ciudadanía con un desagradable sabor a desgobierno.
Otra cosa que ya cansa es que cada cierto tiempo nos quieran llamar a consulta popular, como si todo se pudiera arreglar con una papeleta y un sí o un no. ¿No sería mejor hacer una reforma completa y bien pensada, que nos evite seguir gastando millones en referéndums para decidir lo que debería discutirse en serio en la Asamblea?
Una nueva Constitución no debería ser una idea loca ni revolucionaria. Debería ser una necesidad nacional. Una que ponga orden, que devuelva la simplicidad al Estado y que nos permita confiar otra vez en las instituciones. Hay que dejar de lado esas reformas hechas con intereses políticos, y pensar en el país de verdad.
No se trata de borrar todo lo que se hizo. Se trata de quedarnos con lo que sirve y desechar lo que no. Y si hay que empezar por eliminar el CPCCS y reformar a fondo el sistema electoral, y hasta el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pues adelante. A veces, menos es más. Y en este caso, menos poderes puede significar más democracia.