La retención de los recursos que el Gobierno central debe transferir a los gobiernos seccionales es un obstáculo para el desarrollo territorial, pues impide la ejecución oportuna de obras y afecta directamente la planificación local.
Los municipios y prefecturas enfrentan serias dificultades para cubrir sus gastos operativos. En varios casos, no han podido pagar sueldos ni continuar con contratos esenciales debido a la falta de liquidez provocada por estos retrasos. La paralización de proyectos o servicios no solo impacta a las instituciones, sino principalmente a la ciudadanía.
La anterior Asamblea Nacional aprobó una ley que establecía la automatización de las transferencias, buscando garantizar la continuidad financiera de los gobiernos seccionales. Sin embargo, esta iniciativa fue vetada por el Ejecutivo, dejando sin efecto una medida que apuntaba a solucionar el problema estructural.
Es necesario que el Gobierno central reorganice sus procesos financieros. Las transferencias deben hacerse con puntualidad, sin depender de la disponibilidad del momento ni de decisiones políticas coyunturales.
La ejecución de obras, la prestación de servicios básicos y el funcionamiento de los gobiernos locales no pueden quedar a la deriva.
