Se ha notificado a cinco mil funcionarios públicos que quedan cesantes. Son una pequeña parte de los que serán despedidos.
El asesor fundamental de Noboa, desde cuando era legislador por Santa Elena, Alberto Dahík, comenta en redes: “Nos llenamos de esperanza: el Gobierno indica que se reducirán 5.000 cargos innecesarios en poco tiempo. La noticia es todavía mejor: se plantea reducir 50.000 en los próximos años. Más que leyes, el país necesita acciones. Este es un ejemplo de lo mucho que se debe hacer”.
Pablo Dávalos, en base al acuerdo del régimen con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de nuevos créditos, advierte que los funcionarios que serán desvinculados llegarían a los 70.000 hasta el 2028, pues el Gobierno ha convenido reducir el 1,2 % del Producto Interno Bruto; los recortes se aplicarán en forma progresiva. Los “ahorros” por estos despedidos servirán para abonar obligaciones financieras con el propio FMI.
Este proceder tiene precedentes. En el suplemento del Registro Oficial 489, del 12 de julio del 2011, el Gobierno de Rafael Correa publicó el Decreto Ejecutivo 813, en cuyo artículo 8 estableció la “renuncia obligatoria” que aplicaron en contra de cerca de siete mil empleados de carrera, con décadas de experiencia, que jamás renunciaron a sus puestos de trabajo. No existe en la legislación ecuatoriana la “renuncia obligatoria”. Toda renuncia es personalísima. Ni el marido puede “dar renunciando” a su esposa ni viceversa.
La mayoría de los entonces despedidos fueron funcionarios que se negaron a violar la ley o prestarse a hechos irregulares de ese régimen. Para asegurarse de que no regresen a sus puestos de trabajo, los despedidos en forma inconstitucional el 19 de octubre del 2013, por disposición presidencial, se advirtió que juez que diera paso a alguna acción de protección “en contra del Estado o instituciones similares” sería destituido con la colaboración del Consejo de la Judicatura. El oficio circular reservado, con la amenaza a los jueces, tiene el número 0120123.
La desocupación es un problema terrible, no solo personal sino familiar. Sin remuneraciones no se puede pagar arriendo, alimentación, servicios básicos, transporte, salud, vestido, entre otros gastos indispensables. Desde el punto de vista social se agudizan en forma grave los problemas de delincuencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, migración y hasta se elevan los índices de depresión intensa y hasta suicidio. Cuánta razón tenía William Shakespeare cuando escribió en 1.603: “Si me quitas los medios con los que vivo, me estás quitando la vida”.
