En Manabí debería construirse un centro de adolescentes infractores que permita atender a menores de edad aprehendidos por su participación en hechos delictivos. La ausencia de una infraestructura adecuada limita el cumplimiento de una justicia especializada con enfoque en la rehabilitación, como mandan las leyes.
Manabí, tercera provincia más poblada del país y una de las más extensas, enfrenta altos índices de criminalidad. Parte de estos casos involucran a adolescentes, quienes actualmente deben ser trasladados a centros en otras provincias, alejándolos de sus familias y entornos de origen.
La cercanía del entorno familiar y comunitario es clave en los procesos de reinserción social. Contar con un centro en el territorio manabita permitiría un abordaje más integral y humano.
Ya existieron experiencias anteriores. El más reciente centro funcionó en Pimpiguasí, pero fue destruido y abandonado. Otro intento fue el hogar de tránsito iniciado en los años noventa, hoy desaparecido, cerca de la vía a Las Orquídeas.
El Estado debe recuperar esa visión social que ponga en el centro al ser humano. Es momento de que el Gobierno nacional actúe con decisión para dotar a Manabí de una infraestructura que contribuya a la rehabilitación y no al olvido de los adolescentes infractores.
