Los retrasos en la administración de justicia afectan derechos fundamentales. La falta de un juez titular en el Juzgado de lo Penal de Chone, tras la destitución del anterior funcionario, hace urgente y necesaria una respuesta ágil y estructurada por parte del Consejo de la Judicatura.
Actualmente, la carga procesal de ese juzgado recae en una jueza que también debe atender otro despacho. Esto impide que los casos acumulados avancen con la celeridad que exige la ley y merecen los ciudadanos.
El Consejo de la Judicatura debió nombrar enseguida a un nuevo titular, en lugar de prolongar un encargo que, a pesar de la voluntad que puede existir, no garantiza el cumplimiento efectivo de los principios de eficiencia, inmediatez y economía procesal.
Cada juicio detenido representa una afectación al derecho de acceso a la justicia, especialmente en una jurisdicción con alta demanda y casos delicados por resolver.
La administración de justicia no puede sostenerse en soluciones provisionales ni depender del esfuerzo de una sola persona para cubrir dos juzgados.
Es responsabilidad del sistema judicial asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso oportuno a una justicia operativa y confiable. El represamiento de cientos de casos por falta de un juez debilita la confianza pública en las instituciones.
