Según el art. 262 de la Constitución y resolución 018-18-SIN-CC de la Corte Constitucional, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han incumplido en sus funciones.
Lo hicieron al no impulsar la Ley Orgánica para la Creación de las Regiones Autónomas del Ecuador, con sus respectivos estatutos, para que, de conformidad con los artículos 244, 245 y 246, se dé cumplimiento a la Constitución, previo al pronunciamiento popular.
Si bien el tema genera controversias entre los que creen que solo deben existir dos niveles: el Gobierno central y los municipios, y los que consideran que las regiones van a quitarle competencias y recursos a las prefecturas, lo único cierto es que, por no existir, la administración del territorio está regresando a una centralización total, que sigue incrementando las brechas entre lo urbano y lo rural, generando con ello más dependencia e inequidad social, que en algún momento debe terminar.
Pero… ¿qué logramos con las regiones autónomas?…
Que, frente a las inundaciones y sequías, el manejo integrado de las cuencas hidrográficas, para un menor impacto en los asentamientos humanos, no se encuentre a merced de algún funcionario o ministro que, desde su escritorio en Quito o Guayaquil, con criterio político, decida los territorios que tendrán prioridad en su programación presupuestaria.
Que las potencialidades sean aprovechadas y las amenazas controladas en acciones ejecutadas por residentes que, viviendo en suelos homogéneos, compartan oportunidades, resuelvan adversidades y, con ello, sostengan el compromiso de crecer, pensando en la inclusión económica y social.
Que los programas y proyectos para el desarrollo agropecuario, la pesca, el turismo y la autogeneración de energía, así como los servicios básicos e infraestructura para la vida y la producción, puedan implementarse sin necesidad de esperar la buena voluntad del gobernante de turno o de cualquier delegado de su equipo de Gobierno.
Que el poder central disminuya con eficiencia, al entregar las competencias de fomento productivo y vialidad regional, con recursos económicos y humanos, como corresponde, y no se cometan absurdos como el de reclamar el peaje de la vía Portoviejo-Manta y que, al transitar por Manabí, nos encontremos con tantos baches por mal mantenimiento, porque los recursos se aprueban en Quito.
Finalmente, que, con el estatuto autonómico, como mandantes podamos decidir si se fortalece el sistema de participación ciudadana o se elimina el CPCCS, si se fortalecen las organizaciones políticas con o sin el Tribunal Contencioso Electoral, si se mantiene o elimina el Consejo Nacional de la Judicatura y si los gobiernos autónomos acceden a mejores incentivos para incrementar sus ingresos…
