En pleno siglo XXI, cuando se habla de ciudades inteligentes, autos eléctricos y conexión global, todavía hay comunidades en Manabí que no tienen acceso a la electricidad.

Sí, en la misma provincia donde se habla de proyectos eólicos y fotovoltaicos que no se realizan y recibe aportes de grandes centrales hidroeléctricas, hay familias que siguen encendiendo velas al caer la noche o dependen de generadores comunitarios que apenas aguantan unas horas.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ha expandido su cobertura en los últimos años, pero la realidad es que aún no llega a todos. Existen zonas rurales y recintos en parroquias alejadas que siguen esperando una respuesta definitiva. Y no se trata solo de una comodidad, sino de un derecho básico. Sin luz no hay posibilidad real de educación a distancia, de seguridad comunitaria ni de emprendimientos sostenibles.

Hablar de desarrollo sin electricidad es una contradicción. Es como querer correr una maratón con los zapatos atados. ¿Cómo puede una familia conservar alimentos, estudiar por las noches o iniciar un pequeño negocio si no tiene energía eléctrica? El servicio eléctrico no solo alumbra casas, también ilumina oportunidades.

La CNEL, como empresa pública, tiene la obligación de garantizar que el acceso a este servicio esencial sea universal. No basta con prometer electrificación rural. Es urgente asignar más inversión y priorizar las zonas históricamente relegadas. En vez de esperar a que las comunidades hagan presión o protesten, se debe actuar de forma proactiva, planificando con visión territorial e incluyendo a las comunidades en el diseño de soluciones.

Manabí ha sido golpeada por terremotos, por el olvido estatal, por la desigualdad estructural. Negarle luz a su gente es mantener esa injusticia. La cobertura eléctrica debe ser total, no selectiva ni condicionada al costo-beneficio.