El presidente Daniel Noboa encabezó en Quito una marcha hacia la Corte Constitucional (CC), en un acto que movilizó a cientos de buses y personas provenientes de distintas provincias del país.
Gobernadores, directores institucionales, empleados públicos y ciudadanos, algunos por el incentivo económico y otros por obligación, se congregaron en lo que el Gobierno denominó “defensa de la democracia”. Desde una mirada crítica, explicaremos si fue realmente eso.
El acto ha levantado preocupaciones. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la participación ciudadana, es verdad. Pero también establece, con claridad, la independencia de funciones del Estado. Que el jefe del Ejecutivo organice, convoque y encabece una manifestación frente al máximo órgano de control constitucional, que es el encargado de juzgar la legalidad de decretos, leyes y políticas impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea, representa una forma peligrosa de presión institucional.
La marcha y su trasfondo ponen en peligro el principio republicano de separación de poderes. Más cuando la movilización no fue un acto ciudadano espontáneo, sino una acción deliberada, impulsada desde el centro del poder, con recursos estatales y estructuras gubernamentales. Las imágenes de funcionarios públicos participando en horarios laborales, el alquiler de buses financiado con fondos cuya procedencia no ha sido esclarecida, ponen en evidencia el uso instrumental del aparataje estatal para influir en decisiones jurídicas.
Por más que se intente enmarcarlo en la democracia participativa, se convierte en presión consciente hacia la CC, justamente cuando debe pronunciarse sobre temas clave como el estado de excepción y otras medidas controversiales del régimen, que han sido aprobadas por la aplanadora en la Asamblea Nacional. La línea entre lo democrático y lo autoritario comienza a tomar forma cuando el presidente deja de gobernar para empezar a movilizar a sus seguidores.
No se trata de cuestionar el derecho del presidente a opinar o a tener respaldo popular. Se trata de recordarle que, en una democracia, los poderes se equilibran y se respetan. Usar el poder político para incidir en decisiones técnicas y jurídicas es un precedente peligroso para la democracia y la vida republicana.
No fue solo una marcha. Fue una muestra de fuerza en un país donde la institucionalidad está debilitada y donde el riesgo de autoritarismo disfrazado de popularidad está siempre latente. Ecuador no puede permitirse normalizar estas prácticas. La democracia se defiende fortaleciendo instituciones, no presionándolas para que se acomoden al gobernante de turno.
