El ofrecimiento del presidente Noboa de una Asamblea Constituyente ha sacudido el escenario político.
La propuesta, que pretende dar paso a la Constitución 21, plantea interrogantes sobre su necesidad, oportunidad y consecuencias, tanto en lo político como en lo económico. Aunque el discurso presidencial apunta a una «nueva refundación» del Estado que fortalezca la gobernabilidad y la seguridad, la decisión merece un análisis riguroso.
Un sector de la sociedad sostiene que la actual constitución es la responsable de todos los males, pero al mismo tiempo, otros consideran que no es posible que cada cierto tiempo se pretenda refundar el país y se incube una nueva constitución a medida del nuevo gobernante. Pero también se considera que una nueva Constitución podría ofrecer la posibilidad de modernizar las instituciones del Estado, corregir el marco constitucional y dar respuesta a los desafíos nacionales.
Ecuador, desde 1830, ha vivido recurrentes episodios de inestabilidad política, fragmentación legislativa y crisis de representatividad. En ese contexto, Noboa podría intentar, con su llamado a la Asamblea Constituyente, consolidar un modelo de gobernanza eficaz y alineado con las demandas de los grupos económicos y a espaldas de los grupos sociales, especialmente en áreas que supuestamente favorezcan la inversión extranjera y reformas laborales.
Los riesgos son altos: una constituyente implica, por definición, una ruptura con el orden constitucional vigente. Este proceso podría desatar una musculosa polarización política, movilizar a sectores sociales en contra de la iniciativa e incluso el referéndum de aprobación podría originar un mayoritario rechazo ciudadano. El gobierno perdería el referéndum y abriría, con ello, un período de mayor inestabilidad.
Desde lo económico, el gasto es considerable: tres elecciones. Uno, para aprobar el llamado a la Asamblea; dos, para elegir asambleístas, y tres, referéndum aprobatorio de la Constitución. Lo cual se aproxima a 200 millones de dólares. El solo anuncio genera incertidumbre jurídica, lo que puede frenar proyectos en curso y elevar el riesgo país.
Las constituyentes siempre han sido utilizadas como una herramienta para concentrar poder y extender plazos de mandato. Aunque Noboa ha afirmado que su propuesta busca modernizar el Estado, no puede soslayarse que un rediseño constitucional le permitiría, eventualmente, introducir reformas al sistema electoral, cambiar los requisitos de reelección y eliminar contrapesos institucionales.
Ecuador atraviesa momentos de violencia, crimen organizado, desaceleración económica y fatiga institucional. Por tanto, la prioridad debería ser estabilizar el país, generar condiciones de confianza y crecimiento, bajo la premisa de que las constituciones no resuelven los problemas de fondo.
