En Ecuador, muchos jóvenes terminan el colegio sin saber qué hacer después.

Algunos quieren ir a la universidad, pero no todos tienen la posibilidad. Otros buscan trabajo, pero se enfrentan a un problema: no tienen experiencia ni una formación que los prepare para un empleo. Por eso, la formación técnica debería ser una prioridad para el país y para quienes toman decisiones.

Como estudiante de secundaria, veo cómo muchos de mis compañeros están preocupados por su futuro. Algunos piensan que si no logran un cupo en la universidad pública, no tendrán otra opción. Otros no tienen los recursos para pagar estudios superiores. La formación técnica podría ser una solución real para muchos de nosotros. Nos permitiría aprender un oficio, desarrollar habilidades y conseguir trabajo en menos tiempo.

Hay carreras técnicas muy útiles y necesarias en el país: electricidad, mecánica, contabilidad, refrigeración, programación, enfermería, entre muchas otras. Son profesiones que pueden ofrecer empleo digno y estable. Además, ayudan a que el país crezca, porque aportan mano de obra calificada a sectores productivos importantes.

Sin embargo, en Ecuador todavía hay pocos institutos técnicos públicos y no están bien distribuidos. En muchas provincias, sobre todo en las zonas rurales, no existen o tienen pocos cupos. También hace falta que se invierta en buenos talleres, equipos modernos y profesores bien preparados. No se puede hablar de educación técnica si no se le da la misma importancia que a la educación universitaria.

Otro problema es que muchas veces la sociedad no valora la formación técnica como debería. Hay jóvenes que no estudian una carrera técnica porque creen que es “menos” que una carrera universitaria. Eso tiene que cambiar. No todos tienen que ser médicos o ingenieros; también necesitamos buenos técnicos que sepan hacer bien su trabajo.

Los jóvenes no pedimos que nos regalen nada. Lo que queremos es una oportunidad para prepararnos y construir nuestro futuro. La formación técnica nos da esa posibilidad, pero el Estado debe asegurarse de que sea accesible, de calidad y con opciones reales de empleo.