Faltando pocas horas para las elecciones del balotaje (viernes 11 de abril/25) y deseando que haya sido una jornada sin inconvenientes y con resultados transparentes, escribo esta nota alejado de todo interés político. Los consejos o sugerencias que me atrevo a remitir al triunfador están inspirados en un auténtico amor a la Patria y preocupado por el futuro de nuestro maltrecho país.
Prioridad de prioridades es la continuación y perfeccionamiento de las estrategias de lucha contra la inseguridad, tanto contra el crimen organizado como la delincuencia común; teniendo siempre en cuenta lo que dispone el art. 5 de la Constitución, que prescribe que: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera”. Contratar mercenarios extranjeros lastima nuestra soberanía y al esfuerzo que están realizando nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, que están luchando denodadamente contra las mafias asesinas para restablecer el orden y la paz.
Concluido el balotaje, esperamos que el nuevo gobernante seleccione a los más sabios y provectos ecuatorianos, alejados de la politiquería pero convencidos del cambio que requiere el país para afianzar una verdadera democracia; que busque siempre reducir la desigualdad social y económica. Los ministros de Estado deben permanecer 4 años, para acabar con la inestabilidad política.
Debe dar prioridad a la educación, salud, producción, por sobre todo la agricultura y la agroindustria, la pesca para el consumo interno y la exportación.
Un mandatario que respete, cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes, sin subterfugios. Respeto irrestricto a las normas del Derecho Internacional y de las convenciones ratificadas por Ecuador. Por sobre todo, que se respete el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado; acabar con el centralismo administrativo que afecta al desarrollo de todas las regiones del Estado, tal como lo dispone la parte final del artículo 1 de nuestra Carta Magna.
El mandatario electo tiene que revestirse de sabiduría y cordura para lograr consensos, de manera especial con la Asamblea, para que a través de una reforma constitucional (no constituyente) se suprima el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sus atribuciones vuelvan al poder Legislativo; de igual forma, debe eliminarse el Consejo de la Judicatura, cuyas facultades deben volver a la Corte Suprema de Justicia; y también eliminar el Tribunal Contencioso Electoral, instituciones que nos han demostrado que son organismos carentes de imparcialidad.
