En un momento clave para la reactivación del país, la presencia de dos manabitas al frente de comisiones estratégicas en la Asamblea Nacional no debería pasar desapercibida.
Valentina Centeno lidera la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, mientras que Jaime Estrada forma parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Colectivos. Dos espacios distintos, pero complementarios, desde los cuales se pueden impulsar transformaciones profundas para una provincia que, más que promesas, necesita resultados.
Manabí ha sido históricamente una tierra de esfuerzo, de producción y de cultura. Pero también una provincia postergada cuando se trata de políticas de desarrollo estructural. La clave hoy está en aprovechar estos espacios legislativos no solo para representar, sino para liderar con visión territorial, conectando las necesidades locales con reformas nacionales.
Desde la Comisión de Desarrollo Económico, por ejemplo, es urgente trabajar en una ley de incentivos a la agroindustria manabita, que permita a nuestros agricultores no solo sembrar, sino también transformar y exportar productos con valor agregado. La reactivación de zonas francas en el eje Manta-Portoviejo-Chone podría dinamizar el empleo, mientras que un fondo específico para microemprendedores rurales haría posible una economía más inclusiva y descentralizada.
Adicionalmente, se podría plantear una normativa que fomente polos de innovación agroindustrial en alianza con universidades y centros técnicos, promoviendo el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Y es momento de pensar en una ley de conectividad logística para puertos y zonas rurales.
Desde la Comisión de Garantías Constitucionales, el enfoque debe estar en consolidar los derechos colectivos de sectores clave como los pescadores artesanales, que hoy trabajan sin protección ni acceso a seguridad social. También es tiempo de saldar la deuda con las culturas ancestrales manabitas, integrándolas a políticas de educación intercultural y desarrollo local. Aquí hay espacio para impulsar una ley de protección de saberes ancestrales y patrimonio intangible, así como reformas que reconozcan legalmente formas organizativas comunitarias que aún no acceden a beneficios estatales.
Otra oportunidad clave es proponer un estatuto especial para zonas afectadas por desastres naturales —como el terremoto de 2016— que permita acceder a recursos extraordinarios, créditos blandos y asistencia técnica, con enfoque de resiliencia territorial y desarrollo urbano sostenible.
Ambos espacios ofrecen herramientas poderosas: uno desde el impulso productivo y otro desde la defensa de derechos. Si se articulan con visión de futuro, Manabí puede convertirse en un modelo de provincia sostenible, moderna y resiliente.
