La violencia criminal que golpea al país requiere, así mismo, respuestas proporcionales, firmes y legales. Es necesario que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo avancen con firmeza en la aprobación de una ley que fortalezca las capacidades de la fuerza pública y el sistema judicial en el combate contra el crimen organizado.

No debe excluirse el respeto a los derechos humanos, pero tampoco hay que usarlo como pretexto para frenar la acción del Estado frente a una amenaza que ya se ha desbordado. Ecuador atraviesa una situación de seguridad extrema, y para eso se justifican medidas excepcionales que doten a las fuerzas del orden de mayores herramientas legales, tácticas y tecnológicas.

La ley no puede limitarse al accionar policial. Debe incluir ajustes integrales en todo el sistema de justicia penal: Fiscalía, jueces y procesos. Es inaceptable que las detenciones de delincuentes contumaces se anulen por errores procesales o falta de pruebas que pudieron ser recogidas a tiempo.

Además, el marco legal debe cerrar vacíos que hoy permiten impunidad. Esto implica definir con claridad los procedimientos de detención, formulación de cargos, plazos de investigación y etapas del juicio, con un enfoque integral y coordinado.

Frente al crimen organizado, la reacción del Estado debe ser tan contundente como respetuosa de la ley.