La corrupción sigue siendo uno de los principales males que afectan a Ecuador. El Estado debe adoptar medidas firmes y sostenidas para frenar su avance. No se trata solo de proteger los recursos públicos, sino de garantizar condiciones dignas de vida para todos los ciudadanos.

Los casos recientes, como Reconstrucción de Manabí, Purga y Metástasis, evidencian que la corrupción se ha infiltrado en instituciones claves. Ha involucrado a funcionarios públicos, miembros de la justicia, cuerpos de seguridad y particulares, lo que revela un problema estructural que requiere acciones urgentes y profundas.

Cuando la corrupción penetra los sistemas de justicia y control, se rompe la confianza ciudadana; se vulnera el principio de equidad y se refuerza la impunidad. Además, se debilitan las instituciones que deberían actuar como freno.

Las consecuencias son directas y dolorosas: menos recursos para salud, educación, obras públicas y seguridad. Se niegan oportunidades a miles de personas que dependen de servicios eficientes y transparentes.

Combatir la corrupción debe ser una prioridad del Estado. No con discursos ni promesas. Se necesitan reformas institucionales, sanciones ejemplares y mecanismos eficaces de prevención.

El país exige integridad. Solo con transparencia se podrá recuperar la confianza y garantizar el desarrollo que merecen las presentes y futuras generaciones.