Nueve años después del terremoto del 16 de abril de 2016, un informe técnico ha revelado que no existieron las fallas estructurales que justificaron la paralización de la obra de rehabilitación del Palacio de Justicia de Portoviejo. 

Este hallazgo evidencia una grave negligencia que ha perjudicado al Estado, a la institucionalidad judicial y a la ciudadanía.

Durante casi una década, Manabí ha esperado la reconstrucción de su infraestructura pública, afectada por el sismo pocos años después de su retardada habilitación. La demora en este proyecto, ahora cuestionada, retrasa aún más el acceso adecuado a la justicia en la provincia y genera desconfianza hacia los procesos de contratación y fiscalización de obras públicas.

El perjuicio económico y social es evidente. El abandono del edificio, la falta de planificación y la desinformación acumulada a lo largo de los años deben ser esclarecidos con total transparencia.

Corresponde a las autoridades competentes abrir una investigación para determinar responsabilidades. Es indispensable que quienes hayan incurrido en omisiones o engaños enfrenten las consecuencias legales para que este perjuicio no quede en la impunidad como ha ocurrido con otros procesos.