Los ‘tallarines’ de cables, que cuelgan sobre las calles de Portoviejo y otras ciudades del país, son un viejo y vergonzoso problema urbano que afecta la seguridad, el orden, el ambiente y hasta la estética de las urbes.

Durante años se ha denunciado la proliferación de marañas de cables aéreos —la mayoría en desuso—, colocados sin control por empresas proveedoras de servicios, especialmente de internet y telefonía convencional. Incluso se los observa en zonas regeneradas, donde se construyeron ductos para soterrar los cables.

Lo que agrava el problema es que existen normativas que permiten sancionar estas malas prácticas, pero los municipios simplemente no las aplican. ¿Por qué no se han impuesto multas? ¿Dónde están los alcaldes que deben actuar para ordenar correctivos? ¿Dónde están los concejales que deben exigir que se actúe?

Es inaceptable que las autoridades municipales solo se limiten a quejarse o a anunciar campañas de ordenamiento, mientras el caos sigue creciendo frente a los ojos de todos.

Y cabe hacerse otra pregunta incómoda: ¿será que la amenaza de multa se ha convertido en una herramienta de chantaje, en lugar de una herramienta de control? Ojalá este no sea el caso.

Las ciudades y los ciudadanos merecen respeto. Los municipios tienen que actuar para eliminar el cableado anárquico que afecta la imagen y la seguridad.