El período liderado por Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado ha dejado una huella en la institucionalidad de Ecuador.
El país fue testigo de investigaciones, acusaciones y sentencias que alcanzaron a sectores influyentes, tanto del ámbito político como del crimen organizado. Este accionar representa el cumplimiento del mandato constitucional de la Fiscalía de actuar con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas
Lo logrado no debe quedar como una excepción. La lucha contra la corrupción y el crimen debe mantenerse como un compromiso permanente. La persona que suceda a Salazar tiene el deber de continuar este camino con firmeza, sin dejar espacio para la impunidad o el uso arbitrario de la función.
Si existieron excesos o errores en este proceso, las normas están establecidas para analizarlos y juzgarlos en derecho. Pero los hechos son contundentes: hay investigaciones sólidas, pruebas, sentencias y hechos de convicción que han contribuido a la justicia.
La Fiscalía debe ser garante de legalidad y confianza ciudadana. En este momento histórico no se puede retroceder; al contrario, hay que continuar.
