La Justicia, como poder del Estado, debe inspirar confianza y respeto. Por eso resulta inaceptable que existan denuncias de abuso sexual, asociación ilícita u otros delitos contra funcionarios judiciales, más aún si se trata de jueces. Ellos deben ser ejemplo de conducta ética, no motivo de escándalo.

Un juez que enfrenta acusaciones por conductas delictivas puede conservar su investidura legal, pero ha perdido la autoridad moral para juzgar a otros. La sola sospecha debilita su imparcialidad, y con ella, el prestigio del sistema judicial.

Estas situaciones deben llevar a revisar, con seriedad, los mecanismos de selección y evaluación de jueces. La responsabilidad de los impartidores de justicia no puede dejarse al azar ni a favores políticos.

El Consejo de la Judicatura debe implementar filtros más rigurosos para evitar que personas con antecedentes cuestionables ocupen cargos tan delicados. Es mejor prevenir que tener que establecer después sanciones que resultan tardías.

La sociedad requiere de jueces íntegros, que encarnen los valores que deben defender. La lucha contra la impunidad empieza por garantizar que quienes imparten justicia no estén bajo sospecha.