Combatir la impunidad es una tarea urgente frente a la ola de violencia que golpea a los habitantes de Ecuador. Tanto el Gobierno como el sistema judicial deben asumir con firmeza este reto y trabajar para que prevalezca una justicia ejemplarizadora que sanciones sin miramientos a quienes atentan contra los demás.
Los delitos se incrementan con rapidez, favorecidos por la impunidad y el temor. El impacto de esta realidad se refleja en comunidades que viven con miedo y en un Estado que parece superado.
La detención de delincuentes peligrosos, las sanciones a jueces y fiscales por fallos que beneficiaron a criminales, la detención de miembros de la fuerza pública implicados en delitos son acciones que hablan de avances en la justicia; pero la ciudadanía percibe que estos hechos son excepciones.
El combate frontal al crimen organizado requiere un sistema judicial que actúe con independencia y celeridad. La depuración institucional no debe ser selectiva ni intermitente.
Ecuador necesita autoridades valientes, jueces probos y fiscales comprometidos con la ley. Solo así se podrá empezar a cerrar el ciclo perverso de violencia e impunidad que viene amenazando a la sociedad y genera desconfianza en las instituciones.
