El sistema vial de Manabí está en condiciones deplorables. Muchas carreteras se han vuelto prácticamente intransitables, pues las lluvias han agravado un deterioro que venía de años atrás y que revela fallas en planificación, mantenimiento y gestión pública.
El Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura deben actuar, pero no con soluciones parciales ni respuestas reactivas. Se necesita un estudio técnico integral que identifique el estado real de cada tramo y determine las obras necesarias, con plazos, costos y responsables.
Sin presupuesto estatal suficiente, es legítimo evaluar modelos de gestión delegada que permitan mantener y operar la infraestructura bajo estricta supervisión pública. Lo esencial es que las vías funcionen y que haya responsables cuando no lo hacen.
La inacción y el desinterés oficial le han pasado factura a la provincia. Las vías destruidas afectan a la seguridad y a la economía. Transporte más lento, producción agrícola afectada, aislamiento de comunidades. Manabí no puede quedar desconectada ni depender de soluciones parche.
La vialidad es un asunto de competitividad, cohesión territorial y derechos ciudadanos. Si las vías colapsan, lo demás también.
