La provincia de Manabí, con sus 18.939 km² y una población que supera los 1,5 millones de habitantes, presenta una marcada vulnerabilidad frente a la gestión del agua.
La disponibilidad hídrica per cápita es de las más bajas del país, situándose en torno a los 1.200 m³/hab/año, debajo del umbral de estrés hídrico (1.700 m³/hab/año). Esta situación se agrava por la variabilidad climática, inundaciones cíclicas y sequías severas, la deforestación acelerada (más de 5.000 ha/año) y la presión agrícola sobre cuencas como Portoviejo, Chone-Carrizal y Jama-Zapotillo.
El 70 % del territorio manabita depende de actividades productivas que requieren agua (agricultura, ganadería y acuacultura); más del 50 % de los sistemas de riego son de baja eficiencia. Asimismo, cerca del 30 % de las parroquias rurales reportan serios problemas de acceso al agua potable. Esta brecha evidencia la urgente necesidad de aplicar una gestión integral e integrada de los recursos hídricos, como lo determina la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyAA).
Esta ley exige un enfoque de cuenca hidrográfica como unidad de planificación, con participación activa de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y provinciales. En Manabí, esta integración normativa aún es débil; pocos cantones han actualizado sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) con criterios hídricos explícitos y existe escasa articulación entre los planes de uso y gestión del suelo (PUGS) y los planes de gestión hídrica.
Superar esta fragmentación implica desarrollar modelos de gobernanza territorial del agua que operen en tres niveles: 1. Técnico-normativo, armonizando las escalas de planificación hídrica y territorial mediante ordenanzas y zonificaciones hídricas; 2. Institucional, mediante la conformación de consejos de cuenca por unidades político-hidrográficas locales (UPHL) y demarcación, respaldados por actores comunitarios, juntas de agua potable (JAAP) y sectores productivos; 3. Instrumental, fortaleciendo el sistema de información hídrica territorializada (calidad, cantidad, uso y disponibilidad), asegurando recursos financieros y técnicos permanentes.
Dada la variabilidad de precipitaciones en Manabí, de 500 mm en zonas áridas a más de 2.500 mm en zonas húmedas, la gestión del agua requiere enfoques por microcuenca, priorizando áreas de recarga como Chongón-Colonche, Paján y Jipijapa para evitar la sobreexplotación de acuíferos y proteger los servicios ecosistémicos.
La integración de la planificación hídrica y territorial, basada en la LORHUyAA y el COOTAD, promueve una gobernanza equitativa y sostenible del agua en Manabí.
