En estos días difíciles, donde la recesión aprieta y la confianza en las instituciones se desvanece como el rocío al amanecer en nuestra tierra, ha surgido una propuesta que genera preocupación: trasladar la sede de la Coordinación Zonal 4 de Portoviejo a Santo Domingo.
La iniciativa, promovida desde la Alcaldía de Santo Domingo y respaldada por ciertos sectores en la Asamblea Nacional, puede parecer lógica para quienes buscan cercanía y acceso; sin embargo, las decisiones públicas deben considerar mucho más que la geografía: deben valorar la historia, la justicia territorial y, sobre todo, el sentido común.
Manabí es el corazón de la Zona 4, no solo por su población, que supera el millón y medio de habitantes, sino porque integra a 22 de los 24 cantones que conforman esta circunscripción. Portoviejo ha sido su sede desde la creación del modelo zonal, elegido por razones técnicas, geográficas y logísticas. No es un privilegio, es fruto de planificación, esfuerzo y compromiso conjunto.
No se trata de rivalidades ni de dejar a la hermana provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en desventaja, sino de fortalecer lo que ya existe allá mediante distritos funcionales, oficinas desconcentradas y subzonas técnicas que respondan a la dinámica local. Trasladar una sede para beneficiar a un territorio a costa de otro no es descentralización, es desorden. Así no se construye país ni se fortalece la institucionalidad.
Por ello, el debate debe centrarse en cómo garantizar mayor cercanía institucional para todos, sin debilitar a ninguna provincia ni generar divisiones. Las soluciones no pueden ser de suma cero ni basadas en decisiones apresuradas o intereses coyunturales que poco aportan al desarrollo equilibrado.
Portoviejo y Manabí no piden privilegios, sino justicia territorial. Defender un espacio ganado con esfuerzo y mantenerlo no es capricho, sino una responsabilidad histórica y social. En tierras donde la institucionalidad ha enfrentado múltiples retos, sostener lo logrado es fundamental para el progreso sostenible.
Respetamos a Santo Domingo y su legítima aspiración de mejorar el acceso a servicios, pero desde esta tierra que se ha levantado sola, decimos con firmeza: sí a fortalecer el sistema, no a desmantelar lo que funciona.
Llamamos al diálogo abierto, a la sensatez y al respeto mutuo. Que se escuche a los territorios y a su gente, porque lo que se construye con justicia se sostiene; lo que se impone sin consenso siempre pasa factura. Solo con diálogo sincero y respeto se podrán forjar las verdaderas soluciones que el país necesita.
