La sanción judicial impuesta al expresidente Lucio Gutiérrez por violencia política de género, debido a declaraciones realizadas durante un debate electoral, revela un uso excesivo del marco legal. Las expresiones vertidas, aunque controversiales, forman parte del debate público y deben entenderse dentro del contexto político en que fueron dichas.

El foro político exige apertura al contraste de ideas, incluso cuando las formas no sean del agrado de todos. No puede imponerse una visión única del lenguaje aceptable en el discurso democrático, pues eso implicaría limitar la libre expresión, un principio esencial en toda sociedad plural.

Judicializar los debates empobrece la democracia. Lo dicho en campaña debe ser examinado con rigor, pero también con la tolerancia que exige el intercambio de opiniones, sin que ello implique tolerar la violencia real o simbólica.

Es necesaria una revisión legal. Normas como el Código de la Democracia, que motivó esta sanción, deben ser reformadas para evitar excesos y subjetividades que, en lugar de proteger derechos, restringen libertades. La Asamblea Nacional tiene el reto de racionalizar las leyes con equilibrio.

Las luchas por la equidad de género no se defienden con sanciones desproporcionadas, sino con educación, respeto y leyes sensatas.