Erradicar la corrupción en los servicios públicos debe ser una tarea prioritaria para el Gobierno. Las denuncias sobre pagos indebidos en instituciones revelan una práctica que afecta directamente a los ciudadanos y deteriora la confianza en el Estado.
Investigaciones periodísticas han expuesto el cobro de dinero para agilizar trámites como la obtención de cédulas o licencias de conducir. Estas irregularidades convierten a servicios que deberían ser accesibles y transparentes en oportunidades para el abuso.
Las entidades públicas deben garantizar servicios eficientes, honestos y de calidad. Cualquier esquema que permita la extorsión o el chantaje debe ser desmantelado con firmeza, sin tolerancia ni dilaciones.
La respuesta estatal no puede limitarse a reacciones aisladas ni a anuncios de investigaciones que demandan tiempo y, con frecuencia, no arrojan resultados. Se requiere una investigación integral, identificación de responsables, de ser el caso, y sanciones ejemplares para disuadir cualquier intención de ejecutar estos hechos.
Recuperar la institucionalidad y asegurar un servicio público transparente es esencial para fortalecer la democracia y el desarrollo del país.
