El retiro del subsidio al diésel para el sector pesquero industrial puede justificarse desde una perspectiva de eficiencia económica y uso focalizado de los recursos del Estado. Sin embargo, se debe considerar los impactos inmediatos de esta medida y sus efectos en el empleo y la sostenibilidad de las empresas.
Eliminar de forma abrupta el subsidio, bajo el argumento de que el sector vive un buen momento por los precios internacionales y la abundancia de pesca, es desconocer las particularidades estructurales de la industria. La rentabilidad actual no garantiza estabilidad a largo plazo, y medidas sorpresivas pueden generar desajustes que afecten incluso a los trabajadores.
El subsidio no debe mantenerse indefinidamente, pero su eliminación debe ser técnica y planificada. La propuesta del sector pesquero de implementar una salida gradual, en el plazo de un año, debe ser atendida por el Gobierno. Ese tiempo permitiría a las empresas reestructurar costos, optimizar procesos y adaptarse a la nueva situación sin afectar su viabilidad.
Además, una transición ordenada permitiría al Gobierno monitorear el impacto y corregir posibles efectos adversos.
En decisiones de esta magnitud, el diálogo y la planificación son claves para evitar consecuencias económicas y sociales innecesarias.
