Javier Milei solía decir, en campaña electoral, palabras más, palabras menos, que para combatir la delincuencia lo primero que se tenía que hacer es reformar todas las leyes que colocan al delincuente en posición de ventaja: el que la hace, la paga.
El objeto: evitar la rentabilidad de su actividad. Y ¿por qué lo es? Es que, cuando compara su vida en el submundo de la delincuencia con la que podría llevar en un trabajo normal, resulta que mejor es delinquir. La delincuencia es su empresa y, en el mundo de los negocios, la rentabilidad es un factor a tomar muy en cuenta. Sabe que, si lo atrapan, las mismas leyes con las que lo juzgan establecen resquicios para aliviar las penas y, si no lo capturan, sigue disfrutando de una vida de placer.
Algo similar ocurre con los que atracan los fondos públicos: roban millones o cientos de miles, los capturan, la rara vez que sucede, van a juicio, reciben sentencias benignas, las cumplen, si es que no salen libres antes por alguna torcedura de la ley y, una vez libres, a vivir eternamente de lo robado y la sociedad, como siempre, defraudada. Esta “rentabilidad en el delinquir” es la que hay que cortarla de raíz. Suprimir los incentivos, decía Milei.
Así las cosas, el país clamaba por velocidad del Poder Ejecutivo cuando el presidente Noboa asumió el poder por un periodo completo de cuatro años. Y como si hubiera dicho: “¿Ustedes querían velocidad? Ahora voy a correr”, el presidente envió rápidamente a la Asamblea la ley para combatir la economía criminal. Felizmente, ya ha sido aprobada en primer debate. Es una buena señal. Pero lo que no sé es si las reformas introducidas al texto original dejan establecido que el delincuente tiene que pagar por el delito, si se cierran las puertas que permiten la libertad antes de tiempo con argucias finas y burdas y si, por fin, se establecerá el principio de que quien las hace, las paga.
El tema es proteger a la sociedad, es suprimir las vías de circulación del dinero ilícito, es incautar lo ilegal, es perseguir los beneficios que puedan generar vivir al margen de la ley. En otras palabras: se debe conservar el espíritu de la ley sin tocar el fondo, porque quien delinque debe saber que habrá, sí o sí, sanción.
Los asambleístas, entonces, deben conocer que Ecuador los observa muy de cerca. En sus manos puede estar una parte de la paz. Solo deben aprobar la ley pensando en la seguridad de los ecuatorianos.
