El Gobierno ha conseguido que la Asamblea apruebe una ley que, en esencia, le otorga las herramientas necesarias para enfrentar con mayor firmeza a los grupos de delincuencia organizada.
Es una ley que se acerca a lo que el Ejecutivo pidió y que le permite actuar en este contexto que el propio Estado ha calificado como de guerra interna.
Bien por ello, pues la ley era necesaria. El país vive una situación crítica y requiere un marco legal que respalde a las fuerzas del orden en su lucha contra las mafias que operan con violencia e impunidad.
En escenarios de guerra es probable que se produzcan excesos. Pero hay que entender que la guerra, por definición, pone en tensión los derechos. Lo importante es que esos excesos, si ocurren, sean mínimos, controlados y sancionados. Hasta el momento, las fuerzas armadas y policiales han actuado con responsabilidad. Ahora podrán ir más allá, amparados en una ley clara.
Durante meses se ha luchado una guerra con leyes civiles, mientras los grupos criminales operaban sin ley. Con esta ley, con el alza del IVA que permite más recursos, y con respaldo político, el Gobierno ya no tiene excusas. Ahora sí debe ganar la guerra y devolverle la paz al país.